'Un país que no ama a sus niños no tiene futuro': Procurador Carrillo
Hace un llamado a combatir la impunidad para terminar con la explotación sexual de niños y niñas.
Cartagena se ha convertido en puerto de entrada de turistas nacionales y extranjeros que buscan saciar sus instintos sexuales destrozando el futuro de nuestros niños, niñas y adolescentes. Igual sucede en las grandes ciudades como Medellín, donde la rumba dura es una mezcla explosiva de drogas, sexo y locura, que le arrebata a nuestra juventud la esperanza de un mejor futuro.
La explotación sexual de niños, niñas y adolescentes es una epidemia de la que ningún país está inmune. Colombia requiere acciones contundentes del Estado para salir de ella. El pasado 9 de abril, en Cartagena, precisamente, la Procuraduría General de la Nación realizó una audiencia pública contra ese delito, que convocó a las autoridades nacionales, departamentales y distritales, las víctimas y los medios de comunicación, en una jornada que corrió el velo de la tragedia diaria que vive la ciudad amurallada. Y sirvió, además, para renovar el compromiso del Ministerio Público y las autoridades contra ese delito.
He insistido en que el humo de la guerra no dejaba ver la corrupción, así como los graves problemas nacionales, que ahora se ven con nitidez. La pobreza, la violencia intrafamiliar, el maltrato infantil, el abuso sexual por familiares y personas cercanas; el desplazamiento forzado, la violencia contra la mujer, la desescolarización y la falta de acceso a los servicios públicos son hechos relacionados con la explotación sexual que antes ocupaban un lugar secundario en la agenda de los colombianos, acostumbrados por décadas a los grandes titulares relacionados con el devenir, sangriento y terrorífico, del conflicto armado interno.
La violencia sexual afecta principalmente a las mujeres: el 90 por ciento de las víctimas son niñas, adolescentes y adultas, en un fenómeno delictivo que debería avergonzarnos como nación, y se escuda en el machismo y la cultura patriarcal. Los proxenetas representan la versión más perversa de la condición humana, porque son garantes de la existencia de una modalidad moderna de esclavitud, que, según expertos, mueve más de 35.000 millones de dólares al año. Mucho de ese dinero se queda en los bolsillos de traficantes colombianos, asociados al microtráfico, los grupos armados y las economías ilegales.
A la explotación sexual se suman otras conductas criminales no menos graves, como el feminicidio y la trata de personas, y la violencia física, psicológica y económica
A la explotación sexual se suman otras conductas criminales no menos graves, como el feminicidio y la trata de personas, y la violencia física, psicológica y económica, que han encendido las alarmas del Estado sobre la urgencia de actuar de manera inmediata para disminuir los graves indicadores de impacto, que han ratificado la imagen de que este es un país que no ama a sus niños y niñas. Un país que no ama a sus niños no tiene futuro.
El caso de Yuliana Samboni, niña de origen indígena marcada por la pobreza, víctima de un crimen atroz a manos de un acaudalado y joven profesional bogotano, es uno de los muchos casos que a diario sacuden la conciencia de los colombianos y obligan a actuar al Estado. A transformar la cultura de abandono y a redoblar los esfuerzos para que Colombia haga la paz con su presente y su futuro. Y que la explotación sexual y la violencia sexual como arma de dominación y de guerra sean parte del pasado.
Igual impacto ha tenido la cruel historia de la niña de tres años, presuntamente abusada en el barrio Santa Fe en Bogotá, que se encuentra en recuperación tras un grave caso de violencia, que encontró la solidaridad de un país ávido de justicia y reclama del ICBF mayor eficiencia en su labor de protección a la niña.
A pesar de los avances en materia de legislación y denuncia ciudadana para detener esos flagelos, no han bajado los indicadores negativos. En el 2017 fueron abusados 24.000 niños, niñas y adolescentes. En lo corrido del años van cerca de seis mil casos. El cuerpo de nuestros niños y niñas sigue siendo mercancía que genera beneficios económicos a proxenetas y explotadores sexuales, que alimenta otra clase de delitos. El goce de unos es el infierno de las víctimas, que muchas veces no están en capacidad de medir el impacto ni la dimensión de su tragedia.
Un infierno que debería sacudir el alma de la nación y ser mucho más que el llanto de un día por una tragedia, y convertirse en una poderosa razón para combatir ese delito hasta erradicarlo. Una batalla que no ganarán unos pocos de manera solidaria si no existe conciencia nacional, acción contundente de las autoridades policiales y judiciales, y el compromiso de maestros, medios, academia, organizaciones sociales y, por consiguiente, de la familia.
El país celebra leyes más duras, campañas públicas y esfuerzos titánicos de personalidades, como Jineth Bedoya, víctima y promotora de acción ciudadana para combatir ese delito. Todo ello son avances para consolidar una cultura de respeto, pero sobre todo de amor a nuestros niños y niñas, y de castigo implacable contra los depredadores sexuales y proxenetas.
En Cartagena recibí con esperanza el compromiso de las autoridades locales, departamentales y nacionales, las agencias de viaje y la industria hotelera, decididos a taponar el ingreso del turismo de chancleta y bragueta, que ataca en medio de la noche o a plena luz del día lo mejor de Colombia.
Con ellos firmamos el ‘Gran pacto por la erradicación de la trata de personas y la explotación sexual en el contexto de viajes de turismo’, que busca atacar, con acciones concretas, medibles y articuladas, el maltrato infantil, el abuso sexual, la pobreza, la desescolarización, la legitimación de la demanda de la explotación sexual.
Ese pacto compromete la acción permanente de prevención con un enfoque diferencial de género, y el rechazo permanente a los llamados turistas sexuales.
Un tema fundamental es el acceso a la justicia de las víctimas, especialmente niños, niñas y adolescentes, para la identificación de los victimarios y proxenetas, así como la formación técnica del personal que participa en esos procesos judiciales.
En el tema de la judicialización, los firmantes se comprometieron a perseguir, investigar y sancionar esos delitos y a garantizar el castigo de los explotadores sexuales, directos e indirectos, proxenetas y demandantes; a que se persigan sus finanzas y se ponga punto final a sus negocios ilícitos.
La lucha contra la impunidad es vital para atajar la demanda de esa práctica delictiva. El uso de nuevas tecnologías resulta apremiante.
Un tema central es la cualificación de los sistemas de información existentes, para que las cifras sean más confiables, desglosadas por edad, sexo, etnia, y demás datos diferenciales que sean verdaderos indicadores para la formulación de política pública y la toma de decisiones.
Esencial es, además, el trabajo coordinado de todos los actores gubernamentales y estatales. La Procuraduría se compromete a ser agente articulador. Las víctimas saben que el Ministerio Público está en pie de alerta para garantizar sus derechos, y a los delincuentes, que no cederemos en nuestro empeño de contribuir para que se desmonten sus estructuras criminales que atacan la dignidad humana y lesionan la autoestima colectiva.
Contra la rumba dura, mano dura. Cero tolerancia con la delincuencia y redoblar los recursos de la educación. Pero también mucha política social. No basta con capturar al delincuente, hay que derrotar la pobreza y detener la máquina de la guerra, que sigue dando estartazos que alimentan esa industria criminal.
La Procuraduría ha convertido la lucha contra la violencia sexual en un tema estratégico en su misión de defender los derechos de los niños, niñas, jóvenes y mujeres. Por ello, el próximo 12 de julio replicaremos, en Medellín, la audiencia contra la explotación sexual, para acabar con el turismo sexual en esa ciudad.
Además, realizaremos en Bogotá, el 28 y 29 de junio próximo, un gran evento de lucha contra la impunidad de los delitos sexuales, en coordinación con el Consejo de Estado, la Fundación Plan Internacional, Unicef, Profamilia y la Fiscalía, que contará con conferencistas internacionales a fin de reflexionar sobre la necesidad de incorporar el enfoque de género y de derechos humanos en la investigación y judicialización de los delitos sexuales, y así mismo en la posibilidad de implementar para Colombia una jurisdicción especial para el juzgamiento de los delitos de género.
Invito al país a unirse a esta causa. Amar y proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes, y a las mujeres víctimas y explotadas sexualmente, es una misión impostergable. Un mandato de la historia para vivir en paz.
FERNANDO CARILLO FLÓREZ
PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN
Fecha de publicación: 22 mayo, 2018
