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La eficacia del desarrollo de estrategias preventivas y de atención
o recuperación de las víctimas, está condicionada
al desarrollo de adecuadas estrategias represivas basadas en una
legislación que cumpla una clara doble función: proteger
a las víctimas y sus derechos, y por otra parte sancionar
a los transgresores.
En Bolivia se puede afirmar que aún no existen respuestas
institucionales al problema, sin embargo, el tema ha cobrado actualidad
al develarse por primera vez la existencia de una red organizada
en torno a la prostitución infantil en la ciudad de Santa
cruz, el mismo que ha sido ampliamente divulgado por los medios
de comunicación y ha provocado reacciones sociales e incluso
expresiones públicas como manifestaciones callejeras.
Se han creado para el estudio y la erradicación del problema
la Red contra la Violencia y la consulta nacional sobren el Abuso
Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes, con el
propósito de desarrollar iniciativas y espacios de reflexión
y coordinación interinstitucional entre organismos gubernamentales
y no gubernamentales.
A raíz de la suscripción de Bolivia a la Convención
Internacional de los derechos del Niño se vienen produciendo
cambios importantes en la estrategia del estado y las políticas
de protección del menor, desde la fecha hasta hoy se ha creado
el Código del menor de 1992, por primera vez en el país
se crea una instancia jurisdiccional especializada en menores, con
la instauración, en 1994, de 13 jueces del menor, puesto
que anteriormente las políticas de garantías o de
administración de justicia en esta materia eran competencia
de una instancia administrativa denominada Tribunales Tutelares
del menor, dependiente del organismo que implementaba servicios
de atención, promoción y restitución de los
derechos violados o amenazados, haciendo de esta forma las veces
de juez y parte.
Fruto de la ley 1702 de 17 de julio de 1996, se crea las defensorías
Municipales de la Niñez y adolescencia, transfiriéndose
de esta manera las políticas de promoción, protección
y defensa de los derechos de esta población a los gobiernos
municipales del país, existiendo hasta la fecha aproximadamente
100 defensorias en funcionamiento, quedando aún pendiente
la implementación de estas instancias administrativas de
los derechos humanos de la niñez en dos tercios de los municipios
del país y la necesidad de fortalecer y asegurar la sustentabilidad
de las existentes.
La ley de Organización del Poder Ejecutivo, crea entre otros
el Viceministerio de Planificación y Desarrollo Sostenible,
como instancia normativa en relación con las políticas
sociales orientadas a la mujer, los niños, adolescentes,
jóvenes, tercera edad y familia.
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